Colectivo de Investigación y Acción Jurídica

«En términos habitacionales la performance del Macrismo, es la peor de todos los gobiernos democráticos»

(30/09/2020) En Codo a Codo, entrevistamos al investigador Damián Raboso, integrante del Colectivo Investigación y Acción Jurídica (CIAJ); quien nos contó la situación de la toma de tierras desde el punto de vista de los sectores populares, sus motivaciones y vulnerabilidad, al no tener muchas opciones en la emergencia habitacional.

Desde el CIAJ, realizaron un rastrillaje histórico, de por qué se produjeron los primeros asentamientos y tomas de tierras en la Provincia de Buenos Aires, a causa de la sobrepoblación en áreas urbanas que llevaron al desplazamiento del Conurbano Bonaerense; y políticas económicas cómo la regulación de los valores de  alquileres y la Ley de Suelos, que instauró las leyes del mercado en términos inmobiliarios. A los sectores más humildes les fue imposible adquirir lotes o terrenos por los altos precios, la falta de acceso al crédito bancario, y la distribución en manos privadas.

Damian Raboso, integrante de CIAJ, Colectivo Investigación y Acción Jurídica.

Raboso analizó la gestión macrista: «En definitiva lo que nos arrojan los números, en términos habitacionales es que la performance del Macrismo, es la peor de todos los gobiernos democráticos. Tiene la mitad del porcentaje de lo que hicieron otros gobiernos en la respuesta habitacional», y agregó: «No hubo una política real de suelos».

Si bien podemos hablar del Plan ProCreAr, como una medida para este sector, el especialista lo define como una respuesta en términos de financiamiento, pero no de distribución equitativa: «Hoy estamos hablando de un 50% de gente que no esta formalmente integrada al mercado laboral, por lo cual de ninguna manera podría acceder al mercado de prestamos para comprar un terreno o construir su casa».

El día de ayer, el Gobernador Axel Kicillof, presentó el Plan Bonaerense de Suelo Vivienda y Hábitat, que destinará $85.679 millones para la construcción de 33.600 viviendas, con el objetivo de regularizar 154.747 actas y escrituras de forma gratuita; un programa de Registro de suelo urbano, y la creación de un Registro provincial de demanda habitacional.

Remarcó el rol fundamental que tiene el Estado para planificar la distribución de la tierra «de manera equitativa y social»; y señaló la «dimensión social» de la misma: «La tierra es poca y hay que afectar algunos intereses. Hay que ponerle costo al desarrollo segregacional de los barrios privados, y construir políticas que limiten la acumulación y la retención de tierras para la especulación inmobiliaria», indicó.

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