«Se va a hacer la tercer pericia de las armas y esperemos que por fin podamos llegar a la justicia»

(26-11-2020) En Codo a codo, a tres años del asesinato de Rafael Nahuel, hablamos con su amigo Alejando «Duke» Palmas, para hacer un análisis sobre el conflicto territorial que criminaliza a las comunidades mapuches y denunciar la impunidad de la prefectura naval argentina que lo asesinó por la espalda en la represión con intensiones de desalojo llevada a cabo el 25 de noviembre de 2017 a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. «Se va a hacer la tercer pericia de las armas y esperemos que por fin podamos llegar a la justicia», manifestó.

Rafael Nahuel. Asesinado por la Prefectura Naval Argentina en 2017.

Como señaló la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, en el comunicado publicado ayer «La bala que mató al peñi Rafael Nahuel fue disparada hace muchos años, cuando inició en esta parte del Wall mapu, una campaña genocida, con la finalidad de apropiarse de los territorios que hasta esa época eran comunitarios, sin propiedad privada, ni alambrados. Una campaña que aún no concluye».

Al respecto Palmas remarcó: «Hay un problema histórico que tiene que ver con la violencia institucional, un tema que se viene denunciando hace años y que, en general, es hacia el pueblo pobre; pero que en la Patagonia el pueblo pobre es mayormente descendiente de pueblos originarios, entonces ahí tenemos una persecución histórica de las fuerzas de seguridad».

Partiendo de que la nación que habitamos fue construida sobre los cimientos del genocidio indígena, es que podemos identificar los discursos históricos que naturalizaron la persecución y criminalización de pueblos originarios, construyendo además una identidad por fuera de la cosmovisión que estas comunidades tenían para con los territorios y seres que los habitan. En esta disputa de poder por el territorio, claramente podemos encontrar los intereses por los bienes naturales que allí se encuentran, siendo las actividades extractivas como el fracking, minería, negocios inmobiliarios y deforestaciones, las actividades con las que el Estado, nacional y provincial, y las corporaciones quieren explotar los territorios, contaminándolos sin importar siquiera la vida de quienes los habitan.

Para llevar a cabo estas prácticas destructivas es que, utilizando las herramientas comunicacionales de medios de comunicación hegemónicos y representantes de éstos intereses en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,  criminalizan a quienes defienden los derechos al ambiente sano, acceso al agua, a la vivienda, la diversidad cultural y tantos otros que son avasallados por el aparato represivo del Estado.

Ejemplo de esto son las represiones y criminalización a asambleístas del No a la Mina en Chubut, Santa Cruz y San Juan; a comunidades Qom que se enfrentan a topadoras en Chaco; a organizaciones que se oponen al fracking en Mendoza; a la quema de bosques nativos en Córdoba, Capital Federal, Catamarca, Misiones, Corriente, Entre Ríos; y a las fumigaciones con agrotóxicos en todo el territorio.

Teniendo en cuenta los intereses sobre los territorios históricamente de las comunidades, en el caso de Bariloche, Mapuches, es que se evidencia el engranaje construido desde la «conquista del desierto» hasta el asesinato de Rafael Nahuel, que se sigue reforzando, por ejemplo, a través del «banderazo patriótico» convocado por el diario «El Cordillerano» el 29 de agosto de este año. «Es una cuestión histórica que se hace eco en el sistema judicial, en las fuerzas de seguridad, en los medios y parte de la sociedad barilochense que está sumamente fragmentada en todo: material, simbólica y geográficamente», sostuvo.

Sobre la causa por el asesinato de «Rafita», Palmas contó: «Hubo una primer pericia que demostró de qué arma había salido el tiro y que fue tirada para atrás por el Ministerio de Seguridad. La segunda pericia la mandaron a hacer a la gendarmería, o sea las mismas fuerzas que están implicadas en el caso son las que investigaron a ellas mismas, hecha de una manera muy misteriosa y  desestimando la primer pericia. Ahora estamos con la tercer pericia que se va a hacer en Salta, eso por ahí podría cambiar el curso y tener a los prefectos que dispararon, porque fueron más de 120 disparos los que se hicieron esa tarde, al menos procesados, porque hay 3 imputados pero no hay ni un procesado hasta el momento por el asesinato del rafa».

Y agregó: «En ese momento estaba Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de seguridad, y lo que hicieron fue armar la teoría del enfrentamiento. Todas esas construcciones en esa combinación del macrismo en el gobierno con los medios comerciales hegemónicos, más los sectores del poder judicial que trabajan todos en conjunto, son los que han logrado estos tres años de impunidad e instalar, en parte de la población, la creencia de que el Rafita y la comunidad estaban armados».

Escuchá la entrevista completa:  

201126 Alejandro Palmas Duke – Codo a Codo