El coordinador del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, Manuel Tufró, rechazó la resolución del Ministerio de Seguridad que habilita a la Policía a pedir documentos a los pasajeros de los trenes, pero aclaró que “en términos normativos no hay ninguna modificación porque esta situación ya había sido habilitada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a través del fallo Vera por parte del Supremo Tribunal de Justicia en 2016”.
“En realidad, lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad es implementar un programa que, en todo caso, intensifica ese tipo de interceptaciones para supuestamente identificar personas, algo que ya venían haciendo. Esto tiene muchos problemas en términos de la presunción de inocencia y de las facultades policiales. Hay una discusión que ya tiene varias décadas sobre las facultades policiales para detener personas sin orden judicial que se remonta al caso Bulacio de principios de los ’90. En los últimos años hemos visto un retroceso en este sentido a partir de la decisión política de este Gobierno de que la práctica de pedir DNI a las personas haya quedado asentada como una actividad para prevenir el delito, cosa que todo el mundo sabe que no es así. En realidad no es más que un dispendio de recursos, de horas hombre de la Policía con nulos resultados en materia de prevención del delito”.
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