«Casi diría que fue la impronta de los años macristas»

(16-06-2020) Para analizar los actos de espionajes ilegal, realizados durante el régimen macrista, hablamos en #CodoACodo con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

La primera impresión que tiene Barcesat, es que el espionaje ilegal «es parte del lawfare, de la guerra judicial o persecución judicial. La destrucción del enemigo, no por vías del secuestro, la tortura y la muerte sino por la vía de la creación de relatos funcionales y un enjambre o madeja entre servicios de inteligencia, espías, los medios de comunicación hegemónicos y la pata podrida del poder judicial (…) Esto ha funcionado durante los cuatro años de la gestión macrista, casi diría que fue su impronta».

Dentro de lo que el macrismo denominaba la independencia y respecto del Poder Judicial, se desarrollaban todas estas maniobra ilegales. Barcesat lo define diciendo que se trató de algo «Nada republicano, esto ha sido una cloaca, y lo sabíamos todos los que intervenimos en los juicios más paradigmáticos, de esa persecución judicial y de este espionaje perverso»; y rescata que «afortunadamente con el cambio de gobierno, con el restablecimiento de cierta credibilidad en el accionar del Poder Judicial, que no es todo, pero es una parte y esto es importante, entonces ahora en Dolores, en Lomas de Zamora y en Capital Federal se están llevando adelante juicios que van mostrando y desarmando al mismo tiempo esta maraña».

Eduardo Barcesat

Barcesat incluye en este entramado, no sólo a espías, funcionarios políticos de los Ministerios de Seguridad y Justicia, medios de comunicación, buena parte del Poder Judicial y el Mrio público, también incluye a las defensas. Sobre la participación de estas últimas, explicó cómo los Defensores Oficiales, fueron funcionales a este sistema de corrupción y aprietes. Para graficarlo contó como en muchos casos, «particularmente el de los cuadernos, en que al Defensor de confianza (de los acusados) se lo dejaba afuera mientras que la fiscalía convencía al que iba a prestar declaración, de que tenía que ser asistido por el Defensor Público, y el Defensor Público, paradigmáticamente el Doctor Kollman, se prestaba a estas maniobras, donde la presión sobre los declarantes era enorme y por supuesto, sus verdades eran verdades distorsionadas con tal de no dormir en calabozos». Esta metodología fue aprovechada por estos personajes corruptos, para «obtener un negocio privado, es decir asustar o prevenir a quienes podían ser implicados en el proceso judicial, para que gozando de la protección de ellos y ante un abultado pago de dinero, tuvieran la garantía de que por lo menos no iban a ir presos».

En la situación actual y ante el avance de las causas que se tramitan en Dolores y Lomas de Zamora, que investigan este mecanismo de aprietes y corrupción, Barcesat cree que «es una especie de recuperación del terreno ocupado por la excepcionalidad institucional en la Argentina. Pero esto también tiene que servir para pensar cual será el destino o la actividad futura de la Agencia Federal de Inteligencia».