Muchos argumentos de las organizaciones y pocas respuestas del gobierno por los cambios a la Ley de Medios

En esta instancia internacional, el gobierno argentino debía dar explicaciones por las medidas que disolvieron organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo. También tenía que fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones. Sin embargo, a una precisa descripción del escenario de políticas de comunicación descripto por los referentes de organizaciones sociales, siguieron exposiciones evasivas de la comitiva representante del gobierno. Muchos de ellos criticaron decisiones tomadas durante el gobierno de Cristina Fernández y plantearon deseos a futuro de avanzar en una “ley de convergencia”, pero no se refirieron específicamente a la situación actual que deriva del cercenamiento a la Ley de Medios aplicado por decreto.

Como representantes de los peticionantes participaron en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Horacio Verbistky delCentro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Néstor Busso (FARCO yALER), Daniel Badenes (RedCom y Universidad Nacional de Quilmes), Damian Loreti (CELS-AMARC) Osvaldo Francés (ARBIA), Ana Jaramillo(Universidad de Lanús) y Oscar Nocetti (Coop. Santa Rosa de La Pampa).En representación del Estado argentino se hicieron presentes el Secretario de Derechos Humanos nacional Claudio Avruj, el titular de Enacom Miguel De Godoy, la directora de este organismo Silvana Giudici, el académicoEduardo Bertoni, y el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires Santiago Cantón.

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