Las organizaciones consideran que se trata de un «código represivo» que criminaliza la protesta, el trabajo sexual, la venta ambulante y la economía popular. Además exigen que el municipio realmente abra su discusión a la comunidad. Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, cooperativas, trabajadoras sexuales, organizaciones LGBT, colectivos migrantes, centros culturales, agrupaciones estudiantiles y partidos