Entrevista a una de las perito que revisó a Etchecolatz

“Que sea mujer los irrita profundamente”

Virginia Creimer es la médica forense que, junto a otros dos médicos del Hospital Ramos Mejía, examinó al genocida y dictaminaron que no había motivos para otorgarle la prisión domiciliaria. En diálogo con Libre al Aire habló sobre las dificultades de ser mujer y militante en el ámbito médico judicial, y denunció la complicidad de esa corporación cuando los investigados pertenecen a fuerzas de seguridad.

“La llegada de Etchecolatz al lugar donde se lo iba a entrevistar fue una puesta en escena muy impresionante: acompañado con una actitud servil del Servicio Penitenciario, entro en una silla de rueda, envuelto con una sábana blanca como si fuera Gandhi”

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Así fue la escena que relató Creimer para graficar el inicio de lo que ella denunció como parte de una estrategia protagonizada por Etchecolatz, su abogado y el perito de la Corte Suprema de la Nación, el del Ministerio Público de la Defensa de Nación y Mariano Castex -médico legista de confianza del represor-, quienes firmaron el informe en el que consentían que le den la prisión domiciliaria. Los únicos que firmaron en disconformidad fueron ella y dos médicos jóvenes del Ramos Mejía, que ni siquiera sabían quién era Etchecolatz al momento de examinarlo.

“Los otros peritos que hicieron un informe, le pusieron la firma y el sello considerando que tan bien no estaba, y que había que mandarlo a la casa, en realidad estaban faltando a la verdad porque no le hicieron el examen físico. Entonces, salvo que tengan la bola de cristal no pueden saber cuáles son las condiciones físicas de una persona”, denunció la perito.

“Usted no tiene nada”

Solo ella y esos dos médicos entraron al consultorio. El primer examen fue el neurológico. Creimer continuó el relato de la escena montada: “El neurólogo le dice ´escúcheme no me mienta´, y yo lo miraba y pensaba, ´definitivamente no sabe quién es´. ´No me mienta porque eso que está haciendo no es cierto, usted no tiene nada, usted me está escuchando´, decía el neurólogo”.

Luego se hizo el examen clínico, “que no arroja las patologías que supuestamente tenía” Etchecolatz. Y después, era su turno –como legista y cirujana- “para comprobar si tenía una patología prostática”. “La única forma, desde el punto de vista semiológico, de comprobarlo era haciendo un tacto rectal”, explicó Creimer. “Ahí se prendió fuego el edificio del cuerpo médico forense, porque que una mujer, joven, militante –para ellos, “zurda”- y judía le fuera hacer un tacto rectal a Etchecolatz era una complicación”. La maniobra fue tal que, cuando pidió los elementos correspondientes para hacer el examen, la Corte Suprema de Justicia se negó a proveérselos. Por eso, esa patología nunca pudo comprobarse.

Amenazas

Al tiempo, Virginia se enteró que por ese examen Etchecolatz la denunció por torturas. Denuncia que se archivó rápidamente porque no había elementos. “Pero Mariano Castex se encargó de escribir varias páginas para sostener que yo lo había sometido a vejámenes y torturas a Etchecolatz”, contó Creimer y agregó: “esto es una estrategia fina de amedrentamiento, de manera tal de que, no sólo yo sino cualquier médico que quisiera parar la pelota para que un genocida, o cualquiera que no tuviera las condiciones para irse a su casa se fuera a su casa, supiera que podían denunciarlos por tortura penalmente”.

Las amenazas, denunció la perito, ocurren sistemáticamente cada vez que debe asistir a un juicio donde se juzga a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por torturas. Siempre hay algún tipo de amenaza y “fueron in crescendo”. Primero, amenazas de muerte por vía telefónica. Luego, les rompían los autos en la puerta de su casa familiar. Luego, desarticularon a uno de sus mascotas. Y después del juicio en el que se condenó al comisario bonaerense Patti, a cargo de una patota que fusiló a los dirigentes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi -hecho ocurrido en 1983- “con mi hija durmiendo adentro, me encontré un cuchillo ensangrentado en la cerradura de mi casa, que no sabía si era sangre o no de mi hija. En ese momento me derrumbé”, relató.

La corporación médico judicial

Virginia Creimer es especialista en medicina legal y clínica quirúrgica, y docente de la Facultad de Medicina de la UNLP. Tiene décadas de experiencia y ya a principios de los `80 era la única perito especialista en el análisis de torturas. Su larga trayectoria, asimismo, la enfrentó a la desigualdad por razones de edad, género y origen que habitan en la corporación judicial.

“Hay una cuestión de género muy importante. Que sea mujer es algo que irrita profundamente” a sus colegas, los médicos legistas. “Es muy impresionante, y además no lo disimulan: la prepotencia, los gritos, el ponerse de pie para quedar más alto que yo, y gritar para defender la posición de los genocidas, de que son viejitos que se tienen que ir a su casa”, expresó Virginia.

La médica contó una situación en la que discutía con otro perito la cuestión de las domiciliarias. “Parado y a los gritos me dice ´porque usted no entiende doctora´. Entonces le dije que la longevidad no es una enfermedad y que los señores que usted defiende tienen la suerte de haber llegado en muy buen estado, por las edades que tienen, porque han tenido una muy buena vida”, y agregó que sin embargo “hay 30 mil personas que no han tenido esa suerte, así que no discutamos más”.

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Impunidad

Miguel Etchecolatz está condenado a reclusión perpetua en cuatro causas por crímenes de lesa humanidad y genocidio, cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Además, es el principal sospechoso por la desaparición de Jorge Julio López. Cumple condena en el complejo penitenciario de Ezeiza pero en julio inicio una huelga de hambre para pedir el arresto domiciliario. En agosto, tras múltiples movilizaciones de los organismos de derechos humanos, el genocida no accedió en concreto a ese beneficio por decisión de un Tribunal de primera instancia que consideró que podía ser atendido correctamente en Ezeiza. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata si se la concedió, lo que para los organismos significa una gran amenaza, ya que pude significar un antecedente para otros jueces.

Desde diciembre de 2015 se le concedió el beneficio a unos 50 genocidas, entre ellos, a Jaime Smart, ex ministro bonaerense durante la última dictadura. Esto habla de una marca de época signada por un gobierno que niega a los y las desaparecidos/as, que se reúne con organismos defensores de los genocidas, que reproduce la teoría de los dos demonios y, así, desconoce que lo que sucedió en Argentina fue terrorismo de Estado.

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