Nuevo protocolo de seguridad

«Esto ratifica el rumbo que está teniendo el gobierno»

(19/2/2016) En diálogo con Un Amigo con Pileta, Esteban Rodríguez Alzueta, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y docente de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), se refirió al nuevo protocolo de actuación en protestas sociales anunciado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre las medidas, la funcionaria explicó que los manifestantes «tendrán 5 minutos» para liberar la zona antes de que actúen las fuerzas de seguridad. En ese sentido, Rodríguez, sintetizó: «Esto ratifica el rumbo que está teniendo este gobierno, certificando el giro reaccionario y su autoritarismo ‘simpático’. No es un protocolo de protesta, sino contra la protesta. Los manifestantes no extorsionan al gobierno como pretende decir la Ministra, sino que es al revés. Con esto se extorsiona la protesta social: si salís a la calle te voy a pegar y te voy a armar una causa».

Analizando la protesta social en los últimos años y el rol de los gobiernos, Rodríguez expresó que durante el gobierno de Néstor Kirchner se impulsó la redacción de un protocolo llamado «Protocolo de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas». El mismo constaba de 21 puntos y se redactó durante las gestiones de Aníbal Fernández y Nilda Garré. «Se hizo en conjunto con movimientos sociales y organizaciones de DD.HH y se buscaba limitar el uso de la fuerza porque se entendía que debía protegerse a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, antes que proteger el orden público, que es lo que busca el nuevo protocolo de Bullrich, donde se pone el orden público por encima del ejercicio de los DD.HH», explicó.

«En ese protocolo se limitaba el uso de la fuerza pública. Se prohibía usar las pistolas lanza gases, armas de fuego y sólo podían hacer uso de balas de goma en caso de que los policías corran riesgo en su integridad física. El protocolo actual no dice nada sobre el uso de pistolas lanza gases o el uso de balas de goma», advirtió.

«Una de las diferencias entre el protocolo de Garré y el de Bullrich, es que, en el primer caso, a la hora de una manifestación desde el Ministerio de Seguridad se tenía que movilizar a un funcionario para que asuma la dirección política de la situación, mientras que la policía sólo contaba con la dirección operativa y en el caso de las grandes manifestaciones la dirección operativa corría a cuenta de la dirección política. Acá directamente se deja todo en manos de la policía».

Esteban Rodríguez Alzueta – Descargar audio

Esta medida fue calificada por Rodríguez «como un grave retroceso» y a esto agregó que no solamente «se habilita a que la policía actúe de oficio en caso de que se esté obstruyendo una ruta en forma total», sino que también se interpela al Poder Judicial a que arme una causa no sólo para blanquear la represión que haya tenido lugar, sino también para armar una causa a los responsables o líderes de la manifestación social. «Lo que hace el Macrismo al igual que el gobierno de La Alianza o el Menemismo es transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, despolitizando el conflicto», opinó.

En ese sentido, deslizó: «No debería sorprendernos que muchos gobernadores, inclusive del Partido Justicialista del interior, apoyen abiertamente este protocolo porque de alguna manera ha sido la política que han tenido también en los últimos 10 años. De alguna manera fue una contradicción, algo que no pudo desandarse, si bien había una división política a nivel nacional de no judicializar la protesta y no reprimirla, finalmente no es lo que sucedió en muchas provincias del interior».

El protocolo de Héctor Masquelet y Nilda Garré fue «cajoneado», dijo Rodríguez, por el ex Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien también lanzó la Gendarmería contra los manifestantes en los últimos dos años. «Si bien no se judicializó la protesta, tampoco se la descriminalizó ni se sacaron del Código Penal aquellas figuras que se utilizaron en la década del ’90 para perseguir a los manifestantes como el artículo 194 que habla sobre cortes de ruta. El mismo fue introducido por la dictadura de Onganía después del Cordobazo. No sólo eso, sino que también se sancionó una Ley Antiterrorista con figuras penales abiertas que en manos de jueces macristas es una bomba de tiempo para la protesta social», concluyó.