Exigen políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de las mujeres y la comunidad LGBTTTIQP

(22/08/2016) «Estuvimos reunidos con efectores de salud de la Región Sanitaria XI, con las compañeras del Colegio de Trabajadoras Sociales de la Provincia de Buenos Aires y de la CICOP e hicimos un diagnostico», contó María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en La Plata y agregó: «A partir de ahí elaboramos un pedido de informe y una audiencia con la Ministra de Salud».

«La situación es bastante preocupante. Planteamos que queremos saber la situación de las consejerías pre y pos aborto que se encuentran en los hospitales de la Provincia de Buenos Aires. Sabemos también que muchas mujeres desconocen que pueden pedir interrupción del embarazo en los casos de violación o cuando está en riesgo su salud mental o física, o cuando hay una malformación grave».

Constant agregó además que es necesaria una capacitación para los profesionales de la salud. «Y en muchos casos los médicos que están dispuestos a hacer los abortos son perseguidos, que son objetores de conciencia. Queremos saber además sobre los insumos y los anticonceptivos que en este momento no hay, y falta también la droga que se puede utilizar para hacer los abortos en forma medicamentosa». Se refirió además a un pedido de sumario administrativo a la jefa del Servicio de Obstetricia del Policlínico San Martín: «En varias oportunidades ha sido discriminatoria y violenta con las mujeres».

En el día lunes 22 de agosto de 2016 desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional La Plata nos acercaremos al Ministerio de Salud con el objetivo de denunciar ante la nueva ministra de salud Dra. Zulma Ortiz el estado crítico en el que se encuentran las pocas políticas públicas destinadas a bregar por el bienestar de la salud de las mujeres e identidades disidentes.
En lo que va del año es notoria la falta de políticas públicas relacionadas al cumplimiento del protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) (art. 86 inc. 1 y 2 del Código Penal), el funcionamiento de las consejerías pre y pos aborto en los hospitales públicos y centros de salud, y la gran falta de formación profesional para toda la planta de trabajadores/as de los sistemas de salud, el caso de Belén es un claro ejemplo, entre otros más, de esta problemática. Se suman a esto, la imposición de la figura de objetor de conciencia que ilegalmente bloquea el acceso al ILE, la falta de suministros obligatorios de anticonceptivos e insumos necesarios para poder operar de una manera adecuada en la atención a la salud de las personas con capacidad de gestación, la falta de acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas de las personas transexuales, travestis y transgéneros, el estado de aquellos programas que se dediquen a erradicar las violencias contra las mujeres y la comunidad LGTTTBIQP y el estado de aquellos programas destinados a promover y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Por todo esto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito denunciamos y exigimos al nuevo gobierno de Cambiemos la inmediata aplicación de políticas públicas que garanticen el acceso a la salud como derecho humano fundamental para el desarrollo de una vida autónoma según estipulan los tratados internacionales a los que las normativas vigentes deben adaptarse. Ver completa

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Clase Turista, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.