«La mitad de los homicidios ocurridos en 2015 son por femicidios, violencia familiar o personas que se conocían previamente»

(27/09/2016) Algunos datos arrojan que hay un número record de detenidos, que el 56% tiene prisión preventiva, que hay 145 muertes por cárcel y que el 65% podrían haber sido evitadas. Además se agravan cada vez más las condiciones de detención y las torturas efectuadas a los presos. La presentación será hoy a partir de las 18 hs en el Anexo del Senado de calle 7 esquina 49.

«Lamentablemente hay una crisis en el sistema penal y en las políticas penitenciarias», expresó Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en el marco de la presentación del Informe Anual 2015 donde se plasma el trabajo de monitoreo que lleva adelante la organización en lugares de encierro y en cuanto a las políticas de seguridad. En diálogo con el móvil de Radio Estación Sur, Cipriano agregó que «asistimos a un profundo deterioro de los lugares de encierro y de las políticas de seguridad, y eso se refleja en mayores índices de violencia y de muerte». Respecto a la comparación con informes de años anteriores manifestó:

«La política desde el año 1999 hasta acá está dirigida a los sectores pobres, a lo jóvenes morochos, las villas miseria. El peso de la persecución policial está centrada en estos sectores, entonces quienes pueblan hoy las cárceles son estos pibes. Los promedios de edad son muy bajos en las personas detenidas, y se traduce también en las muertes. En el sistema penitenciario murieron 12 personas por suicidios y el promedio de edad es de 24 años, y muchos de ellos con delitos leves».

«Esto responde a la decisión de la política criminal», explicó Cipriano y agregó: «Hay más personas detenidas porque el sistema detiene más y hay más policías en las calles. Nosotros insistimos en que hay que construir las políticas de seguridad con información fiable, para dar discusiones serias y rigurosas. Se discute siempre desde el mundo de las sensaciones, porque cuando analizás la tasa de homicidios en la Provincia de Buenos ves que se mataron menos personas en 2015 que en 2013».

«La mitad de los 1.200 homicidios dolosos ocurridos en 2015 son por femicidios, violencia familiar o personas que se conocían previamente. Los homicidios en ocasión de robos vienen descendiendo, pero eso nunca se vislumbra en las discusiones. Son decisiones de la política criminal, y tiene que ver con lo que le pasa a determinado sector de la sociedad en relación a estos temas. El presidente (Mauricio Macri) ha hecho declaraciones recientemente que tienden a simplificar esta situación, hablando de la puerta giratoria de la justicia, justificando la justicia por mano propia, y todo eso aumenta la violencia. No hay forma de resolver este problema en este camino en el que estamos metidos, porque se siguen largando policías a la calle con el déficit de formación que tienen y persiguiendo a estos sectores, no conduce más que a profundizar la violencia social». 

Respecto al impacto de estos informes anuales en las decisiones políticas del gobierno, el titular de la CPM opinó: «Hay a veces algunos cambios en relación al funcionamiento de las instituciones, lo que no cambia estructuralmente la política. Algunos aspectos puntuales pueden modificarse pero hace falta que el poder político tome las decisiones que se requieren, y para eso es importante la posición que tome la sociedad frente a estos temas».

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Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores de este nuevo informe. La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.

Entre los principales números que señalan el colapso del sistema de encierro en la provincia se encuentran: a) el récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 c/100.000 habitantes, de los cuales un 56 % está detenido en prisión preventiva; b) las 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse; c) el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención; d) 12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM; e) 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves; f) 2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes; g) 79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiátricos públicos; h) Un 59,8 % de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.

En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha advertido sobre el colapso del sistema penal. El Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, esta grave situación. Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres.

La Comisión es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción y defensa de los derechos humanos.

La CPM nace con el objetivo de desarrollar actividades de investigación y transmisión sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la historia reciente de nuestro país, con la idea de incidir en las políticas públicas de memoria, impulsando un fuerte reclamo de verdad y justicia.

Móvil: Corina Duarte